La Línea de Crédito Flexible (LCF) que México tiene con el Fondo Monetario Internacional le da acceso inmediato y sin condiciones hasta por 86 mil millones de dólares. Es un colchón disponible por si el país enfrenta graves problemas económicos, un seguro que desde 2009 avala la confianza del FMI en la política económica, y que muy pocos países tienen. La mayoría (como hizo México hasta fines del siglo XX) debe pedir dinero y negociar un programa pletórico de condicionantes para que la institución entregue paulatinamente el dinero.
El detalle es que la LCF debe renovarse cada dos años, y vencerá el 28 de noviembre. A menos de tres semanas de la fecha, no hay aprobación por parte del FMI para una extensión que llegaría hasta fines de 2021. Lo que se sabe es que el gobierno mexicano expresó oficialmente su interés por renovar el crédito desde septiembre, y el hecho es que no ha habido aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del organismo. El calendario de dicho Consejo para los próximos siete días muestra dos temas a discutir, el 13 de noviembre, uno sobre Grecia, el otro sobre países de bajo ingreso. De México, nada.
Habitualmente el crédito se renueva con semanas o meses de anticipación (en una ocasión fueron seis meses). Además, pasaban de dos a tres semanas entre que México expresaba el interés por mantener el acceso al dinero, y que se reuniera el Consejo para dar su visto bueno. Hasta el momento van más de seis semanas.
Si el FMI cancela el acceso de México a la LCF implicará una fuerte señal de que el Fondo ya no aprueba sin condicionamientos la política económica que está siguiendo la administración federal, un foco amarillo que puede llevar a una cascada de acciones reprobatorias, como una rebaja en la calificación crediticia de México por parte de las agencias calificadoras.
¿Por qué podría llegarse a esa cancelación? Un factor central sería Pemex. La pasión presidencial con la paraestatal no hace sentido financiero, y el plan de negocios podría caracterizarse como una larga carta a los Reyes Magos. El problema es el enorme costo para el erario, encabezado por ese agujero negro (recientemente lleno de agua) que es Dos Bocas.
A ello se puede agregar todo lo que está minando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Las extorsiones a pequeños y grandes se normalizan en muchas zonas del país, en tanto la cerrazón del sector energético, los pleitos con gaseras, el terrorismo fiscal y las evidencias de un Estado fallido e impotente (esto es, Culiacán) están llevando a muchos mexicanos a no invertir, y a otros extranjeros a no venir. La destrucción sin miramientos de un proyecto de infraestructura como Texcoco y su cambio por un aeropuerto al que nadie quiere volar, es otra señal de que en Palacio Nacional despacha un ignorante en materia económica, pero, eso sí, con mucha iniciativa.
El gran aliado de México por décadas, el FMI, puede evidenciar muy pronto que ha dejado de tener confianza en el manejo económico que antes mereció sus aplausos. Por supuesto, puede esperarse el comentario en la mañanera de que se trata de una institución neoliberal llena de tecnócratas fifís, pero lo cierto es que el golpe sería tan demoledor como merecido.
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